Una de las más preocupantes formas de conciencia ausente en los habitantes del país es la referida al tratamiento y disposición final de la basura en todas sus formas. La ausencia de educación en este sentido provoca cada vez mayor contaminación de aguas y tierra, debido a que los desechos son vertidos y tirados indiscriminadamente a cursos y masas de agua y enterrados o dejados en cualquier lugar sin tomar en cuenta su tipo de componentes.
Las formas de recolección de residuos que aplican en su general los gobiernos municipales pasan solo por el recojo de materiales y su depósito en los llamados “rellenos sanitarios”, los cuales solo en casos contados y de algunas ciudades grandes tienen procesos contra la lixiviación, que provoca que los componentes peligrosos o tóxicos de la basura penetren el terreno y lleguen a la fuente de agua subterránea.
Asimismo, en el país no existen normas ni mecanismos adecuados para que estos elementos sean identificados correctamente por las personas y sean depositados adecuadamente. En estos criterios internacionales de clasificación existe basura inflamable, que puede producir incendios bajo ciertas condiciones; corrosiva, capaz de corroer metales de estanques de almacenamiento, contenedores, etc.; reactiva, que es inestable bajo condiciones normales y puede provocar explosiones, gases tóxicos, etc., y la tóxica, que es dañina o fatal cuando se deja en cualquier lugar.
Entre las experiencias para manejar adecuadamente algunos materiales se encuentra la recolección de desechos patógenos de los centros de salud y la recolección de pilas y baterías, prácticas que no tienen éxito total, en especial la segunda, pese a que fue promovida por campañas en ciudades como La Paz. Para revertir esta situación peligrosa para la salud humana y el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua presentó esta semana un anteproyecto de Ley de Residuos Sólidos que normará el manejo y disposición final de los residuos electrónicos y plantea que quienes importen, distribuyan y comercialicen estos productos acopien los desechos.
De acuerdo con un reporte del periódico La Razón (05-01-12) el documento plantea varios aspectos necesarios para el tratamiento de basura electrónica y, por ende, susceptible de convertirse en peligrosa por los componentes que tiene. Las partes interesantes radican en que los mismos importadores y comercializadores tengan la responsabilidad de ofrecer orientación y mecanismos para que los consumidores puedan deshacerse de los artefactos que ya no utilicen sin provocar riesgos. Al mismo tiempo, se plantea la instalación de lugares para el depósito adecuado de artefactos eléctricos y electrónicos, que conforman el conjunto en cuestión. Otro punto es la actualización de multas en caso de incumplimiento de las disposiciones, entro otros aspectos.
De hecho, como en toda norma que se pondría en práctica, tendrá que hacerse énfasis en la educación de la población para que adquiera la costumbre de separar los desechos, pero que a la vez tenga posibilidades de que éstos sean recogidos a tiempo y de manera ordenada, lo que significa mayor infraestructura e instrumentos para los gobiernos municipales y departamentales; por otra parte, debe incluirse procedimientos que no permitan la corrupción en los controles ni la evasión de responsabilidades.
Las formas de recolección de residuos que aplican en su general los gobiernos municipales pasan solo por el recojo de materiales y su depósito en los llamados “rellenos sanitarios”, los cuales solo en casos contados y de algunas ciudades grandes tienen procesos contra la lixiviación, que provoca que los componentes peligrosos o tóxicos de la basura penetren el terreno y lleguen a la fuente de agua subterránea.
Asimismo, en el país no existen normas ni mecanismos adecuados para que estos elementos sean identificados correctamente por las personas y sean depositados adecuadamente. En estos criterios internacionales de clasificación existe basura inflamable, que puede producir incendios bajo ciertas condiciones; corrosiva, capaz de corroer metales de estanques de almacenamiento, contenedores, etc.; reactiva, que es inestable bajo condiciones normales y puede provocar explosiones, gases tóxicos, etc., y la tóxica, que es dañina o fatal cuando se deja en cualquier lugar.
Entre las experiencias para manejar adecuadamente algunos materiales se encuentra la recolección de desechos patógenos de los centros de salud y la recolección de pilas y baterías, prácticas que no tienen éxito total, en especial la segunda, pese a que fue promovida por campañas en ciudades como La Paz. Para revertir esta situación peligrosa para la salud humana y el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua presentó esta semana un anteproyecto de Ley de Residuos Sólidos que normará el manejo y disposición final de los residuos electrónicos y plantea que quienes importen, distribuyan y comercialicen estos productos acopien los desechos.
De acuerdo con un reporte del periódico La Razón (05-01-12) el documento plantea varios aspectos necesarios para el tratamiento de basura electrónica y, por ende, susceptible de convertirse en peligrosa por los componentes que tiene. Las partes interesantes radican en que los mismos importadores y comercializadores tengan la responsabilidad de ofrecer orientación y mecanismos para que los consumidores puedan deshacerse de los artefactos que ya no utilicen sin provocar riesgos. Al mismo tiempo, se plantea la instalación de lugares para el depósito adecuado de artefactos eléctricos y electrónicos, que conforman el conjunto en cuestión. Otro punto es la actualización de multas en caso de incumplimiento de las disposiciones, entro otros aspectos.
De hecho, como en toda norma que se pondría en práctica, tendrá que hacerse énfasis en la educación de la población para que adquiera la costumbre de separar los desechos, pero que a la vez tenga posibilidades de que éstos sean recogidos a tiempo y de manera ordenada, lo que significa mayor infraestructura e instrumentos para los gobiernos municipales y departamentales; por otra parte, debe incluirse procedimientos que no permitan la corrupción en los controles ni la evasión de responsabilidades.
La Gaceta Jurídica - La Razón
